Septiembre 18 de 2012
Comunicado a la opinión
pública
Mineros informales y
tradicionales al borde de la extinción
En su compromiso por sacar adelante la “Locomotora minero-energética”, el
Gobierno nacional no ha escatimado esfuerzo en facilitar la llegada del capital
extranjero y de las multinacionales de la gran minería, aunque su actividad
lesione los intereses de la nación y de millones de colombianos que en 450
municipios, viven de la minería tradicional.
El desorden que durante décadas ha existido en las zonas mineras
tradicionales de nuestro país, es fruto de la ausencia de una política minero-ambiental
seria que beneficie, no solo a los mineros informales, sino a los intereses de
la nación. No obstante, la legislación existente, la Ley 685 del 2001 (Código
Minero actual), cuya reforma no ha sido presentada ante el Congreso, obliga al Estado a cumplir con ciertas responsabilidades,
que al día de hoy, no se han reglamentado, y por lo tanto no se efectúan.
Una de esas responsabilidades es la formalización minera. Por el contrario,
el Gobierno nacional, ha adelantado una campaña mediática y de persecución a la
actividad de pequeños y medianos mineros tradicionales, a quiénes equipara con
la minería ilegal y acusa del deterioro ambiental causado por las multinacionales.
Frente a la falta de voluntad de la presente Administración, la
Confederación Nacional de Mineros de Colombia, CONALMINERCOL, ha desarrollado
actividades de resistencia civil por la defensa de nuestro derecho al trabajo,
de nuestros territorios y de la Soberanía Nacional, demostrando con hechos
y argumentos que somos informales, no criminales y que por
lo tanto exigimos respeto, que cese la persecución y se desarrolle un proceso
serio de formalización de nuestra actividad.
La opinión pública sabe que siempre hemos estado dispuestos a la
concertación y lo más importante, que hemos firmado ya dos acuerdos con el Gobierno
nacional, los cuales han sido incumplidos.
Entretanto, las multinacionales han sido rechazadas por las comunidades
donde han adelantado sus proyectos de explotación. Así mismo en audiencias
públicas y debates que se han desarrollado en el Congreso de la República, a
propósito del tema minero, como en el caso de Cerro Matoso, se ha puesto en
evidencia la resistencia que existe en sectores de la opinión pública, frente a
la gran cantidad de concesiones que brinda el Gobierno a las grandes empresas
de la minería.
Ante esta situación, el Gobierno pretende buscar alternativas para seguir
fomentando la locomotora minero-energética, una de éstas ha sido solicitar a la
Comunidad Andina la aprobación de una norma supranacional que le otorgue las facultades
“para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y
neutralizar los bienes, maquinaria, equipos e insumos” de los mineros que sean
considerados ilegales (según editorial del periódico El Tiempo, del pasado 15
de septiembre). Entonces, con esta nueva herramienta, se pretendería por un
lado dar un salto inmenso en la lucha contra la minería ilegal, en la que el
Gobierno incluye a la minería tradicional e informal, y por otro lado se
buscaría beneficiar a la gran minería.
Este es un asunto de la mayor gravedad, porque es una medida arbitraria por
parte de la presente Administración. Por lo tanto, hacemos un llamado a todas
las organizaciones filiales para que estemos alerta, para enfrentar lo que se
viene, la violación continua de los
acuerdos. Tendremos que difundir ampliamente a la opinión pública este
comunicado para buscar el apoyo de todos los colombianos, a la minería
informal, de modo que nos acompañen en nuestro esfuerzo por proteger la
soberanía, la producción nacional y el trabajo de los colombianos.
RAMIRO RESTREPO G. LUZ STELLA
RAMIREZ G.
Presidente Directora
Ejecutiva
Calle 51 No. 9-69. Oficina 401. Cel: 321 852 59 07 – 311 747 02 27
Correo: confederacionmineros@gmail.com
Bogotá, Colombia.
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