El Gobierno del presidente Santos, cuyo objetivo principal es entregar la soberanía sobre nuestros territorios a las multinacionales mineras, sin importarle la afectación que sufran los pobladores de las zonas otorgadas en concesión, ha perseguido a los mineros informales tratándolos como delincuentes.
Fue precisamente por iniciativa del gobierno colombiano, que el pasado 30 de julio de 2012, en Lima Perú,el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reunido con los representantes titulares ante la Comisión de la Comunidad Andina, adoptó, basados en el Acuerdo de Cartagena, la Decisión 774 que denominó Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal.
Esta decisión, le da facultades al Ejecutivo, para ejecutar acciones contra la minería ilegal por parte de las autoridades nacionales competentes, de conformidad con su legislación interna, tales como “el decomiso o incautación de los bienes, maquinaria y sus partes, equipos e insumos utilizados para el desarrollo de la minería ilegal, así como la neutralización, destrucción, inmovilización, inutilización o demolición de bienes, maquinaria, equipos e insumos, cuando por sus características o situación no resulte viable su decomiso, traslado o, desde el punto de vista económico, su administración” (Artículo 5. Numeral- 2). El editorial de El Tiempo del pasado 15 de septiembre da a entender que la intención del gobierno es que estas facultades no sean discutidas ni tengan que ser aprobadas por el Congreso de la República.
Por lo tanto, como lo reconoció el exministro de Minas y Energía Mauricio Cárdenas, y el actual titular de esa cartera Federico Rengifo, la política oficial seguirá siendo la de tratar como criminales a los mineros artesanales y a los pequeños y medianos empresarios de la minería. Porque para este gobierno los mineros ilegales, son todos los que no cuentan con un título minero o una licencia ambiental. Sin embargo, la mayoría de estas personas no cuentan con dichos permisos, porque las normas están diseñadas para que no cumplan con los requisitos exigidos, lo que les impide formalizarse. Entonces, por cuenta de la Decisión 774 el gobierno podrá destruir nuestra maquinaria y herramientas de trabajo, como ya se lo ha venido haciendo, no obstante ahora, bajo el amparo de la legislación andina.
Es una completa desproporción tratar a los mineros informales como delincuentes y narcotraficantes. Esto viola derechos democráticos tan elementales como la presunción de inocencia y el debido proceso. Hemos dicho reiterativamente que gobierno tiene el deber de individualizar las personas que tengan nexos con organizaciones al margen de la ley y no puede acusar y sancionar de manera general a todos los mineros del país.
Estas medidas que el gobierno pretende implementar están diseñadas para favorecer a las multinacionales que ven en los mineros nacionales un obstáculo para consolidar su monopolio. Multinacionales que, bajo la apariencia de la legalidad de los permisos y licencias con los que cuentan, se han destacado por violar la ley, al evadir el pago de impuestos y de regalías, deteriorar el medio ambiente y maltratar a las comunidades y a sus trabajadores. Este es el tipo de favorecimientos que demuestran que en Colombia es mejor ser un empresario extranjero que nacional.
Exigimos al gobierno que se abstenga de aplicar esta norma de la Comunidad Andina de Naciones, y le solicitamos que cumpla con el acuerdo firmado el 27 de julio de este año y con la instalación de mesas de negociación con los pequeños y medianos mineros, con el fin de que se adelante un proceso serio y democrático con miras a la formalización de nuestra actividad.
Fraternalmente,
RAMIRO RESTREPO G. LUZ STELLA RAMIREZ G.
Presidente Directora Ejecutiva
Confederación Nacional de Mineros de Colombia, CONALMINERCOL
Calle 51 N° 9-69 Oficina 401, Bogotá, Colombia
Twitter: @Conmineros Correo: confederacionmineros@gmail.com
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