Rechazo
a la anunciada norma andina, que agravará el problema en vez de resolverlo y
que beneficiará exclusivamente a las trasnacionales de la gran minería.
Carta del senador Jorge Enrique Robledo
al Presidente de la República, 19 de septiembre de 2012.
La Comunidad Andina de Naciones, por
iniciativa del gobierno colombiano, está a punto de expedir una decisión que le
da facultades al ejecutivo “para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir,
demoler, inutilizar y neutralizar los bienes, maquinaria, equipos e insumos” de
los mineros que sean considerados ilegales. Además, el editorial del diario El
Tiempo del pasado 15 de septiembre da a entender que la intención del gobierno
es que estas facultades no sean discutidas ni aprobadas en el Congreso de la
República.
Una vez más debo manifestarle mi
desacuerdo con estas medidas, que lesionan a centenares de miles de colombianos
honestos que viven de la pequeña y mediana minería. Como lo reconoció el
exministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, la política oficial es la de
tratar como criminales a los mineros artesanales y a los pequeños y medianos
empresarios de la minería. Porque para el gobierno los mineros ilegales, a
quienes se les podrá destruir su maquinaria, son todos quienes no cuenten con
un título minero o una licencia ambiental. Y la mayoría de mineros no cuentan
con estos permisos, pues las normas están diseñadas para que no cumplan con los
requisitos exigidos, lo que les impide formalizarse.
Es una completa desproporción tratar a
los mineros informales como delincuentes y narcotraficantes. Igualar la
maquinaria de estos colombianos con un laboratorio de cocaína es un absurdo que
viola derechos democráticos tan elementales como la presunción de inocencia y
el debido proceso. El gobierno tiene el deber de individualizar las personas
que tengan nexos con organizaciones al margen de la ley y no puede acusar y
sancionar de manera general a todos los mineros del país.
La pequeña y mediana minería es la
minería de los colombianos, la de miles de artesanos y empresarios nacionales
que en muchos casos se han dedicado a esta actividad porque el libre comercio
ha destruido el agro y la industria. Las medidas que el gobierno pretende
implementar están diseñadas para favorecer a las multinacionales que ven en los
mineros nacionales un obstáculo para consolidar su monopolio. Multinacionales
que, bajo la apariencia de la legalidad de los permisos y licencias con los que
cuentan, se han destacado por violar la ley, al evadir el pago de impuestos y
de regalías, dañar el medio ambiente y maltratar a las comunidades y a sus
trabajadores. Este es el tipo de favorecimientos que demuestran que en Colombia
es mejor ser un empresario extranjero que nacional.
Es inaudito que el gobierno intente
evadir el debate democrático y pretenda asignarse facultades como la de
destruir las máquinas de los mineros sin ninguna discusión en el Congreso de la
República. Como usted lo sabe, señor Presidente, la Constitución señala que la
regulación de la mayoría de los temas está reservada al Legislativo, norma
básica de cualquier democracia. El Ejecutivo no puede excusarse en la
normatividad andina para excluir al Congreso de un debate de estas dimensiones,
en el que están en juego asuntos penales y sanciones contra la propiedad de los
empresarios colombianos. Por lo tanto, su deber es presentar un proyecto de ley
que le permita al gobierno asumir este tipo de facultades.
Por lo anterior, le solicito, en primer
lugar, abstenerse de dar su consentimiento para que esta política sea aprobada
en la Comunidad Andina de Naciones. Y, segundo, en caso de que la CAN apruebe
estas medidas, su deber es tramitarlas en el Congreso, con el fin de que se
adelante un debate serio y democrático.
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