miércoles, 8 de febrero de 2012

Sigue persecución contra mineros colombianos

OPERATIVOS ILEGALES EN EL SUR DE BOLIVAR

La Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, rechaza de manera contundente los operativos ilegales que organismos del Estado han realizado en distintas zonas de minería tradicional del país.

Esos operativos refuerzan la sistemática política del gobierno de perseguir y judicializar a los productores nacionales de minerales, tal como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, quien afirma que serán “tratados como narcotraficantes” porque según él “son la nueva coca del país”.

El día 30 de enero en Norosí, Sur de Bolívar, llegó un contingente de la Policía Nacional con helicóptero y armas, quemando la maquinaria de trabajo de los mineros de la zona, dañando otra con un químico y deteniendo a los trabajadores de la mina y a los barequeros cercanos a esta.

Mientras esto ocurre, a la maquinaria de las trasnacionales de la gran minería les dan exenciones tributarias, seguridad jurídica, seguridad democrática y numerosos beneficios para garantizar su funcionamiento. Es el doble rasero con que actúa el gobierno de Juan Manuel Santos: ejército y policía a los productores y trabajadores colombianos, como si fueran delincuentes, y caminos de flores a las mineras extranjeras que no dejan ningún beneficio a los colombianos.

Nuevamente denunciamos ante la opinión pública que el gobierno nacional insiste en resolver con la fuerza pública un problema que tiene un origen social y económico, que debe resolverse con el diálogo y un proceso de formalización de la minería tradicional. Con esta actitud, el gobierno está creando una bomba social sin precedentes.

Demandamos del gobierno nacional respeto por el acuerdo que su viceministro de Minas Henry Medina y otros funcionarios firmaron el 30 de noviembre en Caucasia, con el que se levantó el cese indefinido de actividades, el cual busca un acuerdo concertado para la construcción de una política pública minera incluyente y democrática.


LUIS RAMIRO RESTREPO G.
Presidente

LUZ STELLA RAMIREZ G
Directora Ejecutiva

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