17 de mayo de 2012
Doctor:
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Señor Presidente, cordial saludo.
Los movimientos y organizaciones de la sociedad civil que firmamos esta carta expresamos nuestra profunda preocupación por la política minera adelantada durante su gobierno, denominada: “Locomotora Minero-Energética”, debido al lesivo impacto ambiental, social, económico y laboral que está produciendo. Además, con dicha política se está afectando de manera grave a las comunidades que viven de la minería tradicional, que se realiza en pequeña y mediana escala.
Su aplicación acrecienta la crisis económica y la desigualdad social que sufren la mayoría de colombianos.Promueve el desplazamiento de comunidades enteras para darle paso a los proyectos de la gran minería trasnacional, acabando con las formas tradicionales de producción, el trabajo y el tejido social. Como consecuencia, en estas regiones se incrementa la violencia, la descomposición social y el país se sume en el atraso productivo, mientras las empresas extranjeras obtienen jugosas ganancias que se extraen del país. Al Estado le quedan unas migajas que irónicamente son usadas para profundizar este modelo regresivo. Es el mismo patrón que ya hemos visto en África, con países ricos en recursos naturalesy sociedades sumidas en la miseria.
Como si esto no fuera suficiente, en Colombia existe una realidad que ha sido ignorada por las autoridades: 2 millones de sus ciudadanos sobreviven de la minería tradicional, que además de ser una forma cultural de vida es su única fuente de ingresos, tras la ruina de la agricultura y la falta de oportunidades en otras actividades, y que hoy se constituye en la base económica de más de 490municipios.
Contra estos colombianos se inició desde el año 2001 una campaña de desprestigio y estigmatización desde las más altas esferas gubernamentales. En la actualidad, además se sumó la persecución de la fuerza pública y su judicialización como criminales. A estas comunidades, conformadas por campesinos, indígenas, afros y colombianos trabajadores, el Estado les elimina su única forma de sobrevivir sin darles más alternativa que el hambre o la cárcel.
Durante años, los mineros tradicionales han pedido apoyo tecnológico, capacitación ambiental y científica para implementar tecnologías limpias ambientalmente hablando, para que la minería nacional se pueda desarrollar sin arrasar el medio ambiente y otorgue garantías de desarrollo a las regiones y comunidades que viven de ésta.
Consideramos que el Estado colombiano actúa arbitrariamente porque nunca tuvo voluntad política de formalizarlos, desconoció la ley que obliga a hacer diferencia entre la minería ilegal y la minería informal y con argucias jurídicas impidió que se formalizaran. Al mismo tiempoa la gran minería trasnacional les brinda todas las garantías, enormes beneficios y ni un solo obstáculo o cuestionamiento. Creemos que justamente la persecución a los mineros tradicionales es para abrirle el camino a los megaproyectos extranjeros, quienes encuentran en la minería tradicional su más grande obstáculo.
Esto ha generado graves violaciones de derechos humanos, detenciones masivas de mineros sin mediar orden judicial, quema de elementos de trabajo legalmente obtenidos y la generalización de medidas represivas en contra del movimiento de los mineros agrupados en la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol.
Los abajo firmantes, respetuosamente,
PEDIMOS AL GOBIERNO DE COLOMBIA:
· Replantear la política de “Locomotora Minero-Energética”, para que no produzca los efectos negativos que está produciendo la gran minería trasnacional en Colombia, el tercer territorio más rico en biodiversidad del planeta.
· Poner fin a la persecución contra la minería tradicional y cumplir con el Acuerdo de Caucasia del 30 de noviembre de 2011, en el cual el gobierno se compromete a detener los operativos de fuerza pública e iniciar un diálogo con los mineros para su formalización.
· Cumplir con el artículo 107 de la Ley 1450 de 2011, que obliga al gobierno nacional a “implementar una estrategia para diferenciar la minería informal de la minería ilegal. Deberá, respetando el Estado Social de Derecho, construir una estrategia que proteja los mineros informales, garantizando su mínimo vital y el desarrollo de actividades mineras u otras actividades que le garanticen una vida digna”.
· Diseñar e implementar políticas de apoyo, asistencia y acompañamiento a los mineros tradicionales, para que mejoren sus prácticas ambientales, realicen mejores procesos productivos y su actividad le sirva al progreso del país.
· Reconocer la diferencia entre la gran minería extranjera y los otros tipos de minería nacional que se realizan con técnicas y niveles de mecanización que producen significativamente menos impactos ambientales, y en cambio sí producen encadenamientos locales.
Firman:
Alianza Social Continental
Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA
Colombia Support Network Madison, Wisconsin, EE.UU.
ColombianActionSolidarity Alliance – CASA, Canadá
Latin American and CaribeanSolidarity Network – LACSN, Canadá
Consejo Internacional de Mujeres Latino Americanas y del Caribe – Canadá
Common Frontiers, Canadá
Mingas, New York, EE.UU.
Travailler Ensemble Jeunes et Engagé-e-s, TEJE, Francia
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