José Arlex Arias Arias, La Verdad, Cartagena, octubre 4 de 2011
En los últimos meses hemos sido testigos de las luchas que ha venido enfrentando el pueblo colombiano, desde los trabajadores vinculados a diferentes sectores de la economía por mejores condiciones de vida, pasando por los usuarios –no pacientes- de la salud, estudiantes, la sublevación de los insatisfechos con los servicios públicos -por los abusos de las transnacionales que suministran energía, agua, luz, teléfono y gas, que cobran altas tarifas y prestan pésimos servicios-, aquellos que defienden los derechos humanos y hasta los campesinos que pelean por una verdadera distribución de la tierra para quien la trabaja. Todos los descontentos tienen un denominador común: el atropello a los derechos de la población y la represión salvaje que reciben por parte del gobierno del presidente Santos.
Durante los últimos veinte años nuestros gobernantes nos han vendido la “confianza inversionista” como un dogma sin el cual Colombia no podrá sobrevivir y han legislado dándole todo tipo de gabelas a empresarios y multinacionales, porque su credo neoliberal dice que el sector privado y el libre mercado resolverán el bienestar social de la población. Con esa teoría, rebajaron los ingresos reales a los trabajadores, casi que les eliminaron los derechos de asociación y negociación colectiva y limitaron las posibilidades de la pensión, mientras que el sector privado especula con casi $100 billones, producto del ahorro de los trabajadores para su jubilación; mantienen casi que una libertad absoluta en el aumento de las tarifas de los servicios públicos, -empresas a las cuales les hicieron normas a su medida para que puedan abusar de los usuarios-, se le entrega en concesión el patrimonio público y convierte en negocios redondos los derechos fundamentales.
Son notorias las luchas de los trabajadores petroleros. Apartes de una crónica del periodista Alfredo Molano Bravo, que escribió para El Espectador del 25 de septiembre de 2011, nos describen el “legal” atropello de una de las transnacionales. En la Cristalina, Puerto Gaitán, Meta, se encuentra “el campo petrolero de la Pacific Rubiales Energy, de donde la petrolera saca hoy 250.000 barriles diarios de crudo… Es una empresa poderosa y bien cotizada, la niña consentida del Gobierno, que explota con la misma voracidad el petróleo que la mano de obra, por medio de una red infinita de subcontratistas -y de subcontratistas de los subcontratistas-. Los 12.700 obreros que trabajan para unos y otros viven en carpas como si fueran refugiados de guerra en Afganistán -15, 20 ó 40 personas por carpa-; tienen acceso a unas pocas baterías sanitarias; cuadrillas de seguridad de la empresa integradas por ex oficiales del Ejército, la Policía o el DAS les vigilan cada movimiento. La seguridad social es de hecho, inexistente. Las enfermerías no dan abasto porque las condiciones de hacinamiento multiplican cualquier infección en minutos. La tensión a que son sometidos hace que los conflictos internos conviertan los campamentos en infiernos chiquitos. Los obreros son contratados por las intermediarias por 21 días de trabajo y siete de descanso, pero no siempre un contrato sigue a otro; se pueden interrumpir por uno o dos meses, de tal forma que se rompa la continuidad laboral. Sobra decir que el trabajo está cuidadosamente dividido para impedir “masas laborales” que puedan organizar sindicatos o protestas y cada actividad es controlada por un capataz brutal al que le pagan según resultados. Las horas extras han desaparecido a favor de bonos. Las compañías que seleccionan el personal poseen un enorme poder y suelen estar manejadas por políticos locales que hacen de los trabajadores enganchados y de sus familias verdaderos secuestrados electorales”.
Esta penosa situación en todo el país, por el mal pago de los salarios y condiciones laborales, la sufren también los médicos y empleados de la salud, los vinculados en la administración pública, los portuarios, los palmicultores, los de las zonas industriales y en general toda la clase obrera, que ha sido víctima de la flexibilización laboral y el abaratamiento de los salarios, dizque para poder garantizar la confianza inversionista que, si acaso, nos premia con ese tipo de empleos.
Bienvenida la inversión extranjera, pero tiene que servir para proporcionar empleo digno, cualificación de los trabajadores, beneficiar los intereses de la Nación, transferirnos tecnología de punta e impulsar nuestro desarrollo. ¡Estas condiciones sólo son posibles derrotando el modelo neoliberal y a sus dirigentes!
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