Por: Juan Sebastián Jiménez H. / Caucasia, Antioquia
Mientras lidian con las bandas criminales y la guerrilla, los pequeños mineros se aferran a esta tierra plagada del preciado metal.
En el Bajo Cauca antioqueño hay minas que han sido explotadas desde hace 500 años, desde antes de que llegaran los españoles. Hay pueblos dedicados a la minería y familias que se lo deben todo al oro. Muchas de ellas viven hoy haciéndole frente a la violencia que es una tendencia en esta región, que se agravó cuando los paramilitares la convirtieron en su santuario y que ahora le quita el sueño a los lugareños. Luchan, además, contra una legislación que, aseguran, busca acabar con la pequeña minería, la que ellos han realizado todo este tiempo.
Un mes después de haber sido premiado por la Gobernación de Antioquia por ser un minero responsable, Iván Rodríguez fue detenido por la Policía que, paradójicamente, lo señalaba de ser un minero ilegal. De nada sirvió la estatuilla que le habían dado y que tenía sobre una repisa en la sala de su finca Río Rayo, en Tarazá (Antioquia). Aunque salió libre al poco tiempo, lo hizo con un sinsabor en la boca. Rodríguez es uno de los 250 mil mineros del Bajo Cauca antioqueño.
Además es apicultor y maderero. Hace 16 años conoció la Acacia mangium, un árbol proveniente de Australia e Indonesia, donde es conocido como el árbol milagroso por su capacidad para recuperar las tierras que han perdido su capa vegetal. Con esta planta convirtió los restos de una mina en un bosque con el que, dijo en entrevista con El Espectador, está “haciendo patria” en una región presa de la violencia y que en su momento fue el santuario de los paramilitares.
“Todos mis vecinos están muertos o haciendo cursos de inglés en cárceles gringas. Allí tenía su finca Cuco Vanoy —dijo, y señaló al oriente—, allí Macaco —apuntó al sur—, y si coge por acá, en 10 horas está en Las Tangas, la hacienda de los Castaño”. Minutos después de estas declaraciones una tormenta pasó por su finca y arruinó los techos de su casa y los apiarios. “Bueno, mañana será otro día”, dijo mientras evaluaba los daños. “La decisión más sencilla sería irse de acá, dejarlo todo. Pero yo quiero seguir trabajando por esta tierra”, aseveró mientras levantaba una teja que voló unos 14 metros hasta caer en una zanja.
A kilómetros de allí, en Caucasia, la mina Las Palmas cerraba para siempre porque, según uno de sus dueños Edwin Ordóñez, ya no era rentable. “Ahora nuestros 50 trabajadores tendrán que buscarse algo para vivir”, aseguró mientras se abanicaba. El termómetro marcaba 39 grados centígrados. El calor aumentaba gracias al pozo séptico de la mina, a donde iban a caer todos los residuos producto de la explotación. “Aunque usted no lo crea, ese claro de allá lucía así —dijo, y señaló el pozo—, hace unos seis meses. Antes de irnos, la idea es recuperar los suelos para que la tierra quede como nueva, no sólo por el medio ambiente sino también por el arrendador. Nadie en su sano juicio prestaría una tierra para que se la dejaran vuelta una porquería”, comentó.
Y agregó: “Dicen que somos socios del narcotráfico, que acabamos con el medio ambiente y que el deterioro del Magdalena y el Cauca es nuestra culpa. Y sí, sí hay mineros vinculados con la criminalidad y depredadores del medio ambiente. Los hay. Pero no son todos. En esos casos no somos nosotros quienes debemos ir, documentación en mano, a cerrar minas. Son las autoridades las que deben capturar a los que están con los criminales. Imagínese uno llegando a pedirles que se vayan. ¡Lo matan!”, comentó mientras miraba hacia el Batallón Rifles, que se encuentra a escasos metros de la mina.
Luego confesó que él, como la mayoría de los mineros de la región, es víctima de la extorsión de las bandas criminales, de la guerrilla. “Pero dígame, si vinieran unos hombres armados y le dijeran que les colabore, usted qué haría, qué haría si nadie lo protege de ellos. Es que creen que uno paga las vacunas porque quiere. Nada de eso. Es por salvar la vida”. Después de la desmovilización de las Auc, el Bajo Cauca quedó en manos de ‘Los Rastrojos’, ‘Los Paisas’, ‘Los Urabeños’ y la guerrilla. Una fuente consultada por El Espectador, que prefirió guardar su identidad, aseguró que estas bandas y las Farc estarían de socias en el negocio del narcotráfico. Y que un acuerdo entre las bandas sería la razón de la tensa calma que se vive en la región. “Se repartieron los municipios”, aseveró.
Los pequeños mineros lamentan que, según ellos, la legislación actual, específicamente la Ley 1450 de 2011, los tiene al borde de la desaparición. “Nosotros no estamos en contra de la formalización, ni de la tecnificación, ni de las multinacionales. Si el Gobierno considera que estamos acabando con el medio ambiente, que venga y nos instruya para que podamos hacer bien esta labor que venimos realizando desde hace 500 años”, comentó Ordóñez.
“Nosotros le hemos dicho al Gobierno que si quiere monte acá una oficina de formalización de los mineros, que tenga, entre otras cosas, un funcionario del Ministerio de Minas. Todos los alcaldes del Bajo Cauca están de acuerdo con esa propuesta”, comentó al respecto el alcalde de Caucasia, José Nadín Arabia. El Espectador se comunicó con el Ministerio de Minas y Energía, que aseguró que daría su opinión al respecto, aunque al cierre de esta edición no había respuesta alguna.
Esta situación, dicen los pequeños mineros, los llevó a parar a finales de noviembre del año pasado y motivó el paro que se está organizando para el 1º de agosto, según el presidente de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca, Ramiro Restrepo. De acuerdo con Julio Ramírez Valencia, párroco de Caucasia, si la minería se acaba podría producirse incluso una guerra civil. “Los jóvenes que hoy trabajan en minería se unirían a las bandas criminales a cambio de un salario o algo que les dé para sobrevivir”, explicó. “Es que nosotros le quitamos mano de obra a la criminalidad”, complementó Óscar Jiménez, secretario de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca.
Es innegable que en Caucasia hay mineros al servicio de los criminales. La semana pasada, en Remedios —a kilómetros de allí—, ocurrió una masacre que las autoridades atribuyeron a venganzas entre las bandas criminales que se disputan el negocio de la extorsión a los explotadores de las minas. También es innegable que hay mineros depredando el medio ambiente. De acuerdo a Corantioquia, por lo menos 35.297 hectáreas de tierra han sido degradadas por esta actividad. Los pequeños mineros no lo niegan, pero piden una legislación que no los saque de la tierra que trabajan y de la que no salieron a pesar de la violencia que allí todavía reina.
Juan Sebastián Jiménez H. / Caucasia, Antioquia | Elespectador.com
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