Hemos hallado, por ejemplo, que dos personas presentaron 500 solicitudes mineras, con el simple propósito de acapararlas, inflar los títulos y especular con ellos, señaló el mandatario desde la capital del departamento de Bolívar.
Otro caso que mencionó fue el de un título otorgado en un área tan pequeña que, técnicamente, no se puede explotar nada.
Ese título, explicó, quedaba justo entre dos grandes explotaciones de carbón que necesitaban de ese espacio para darle el máximo desarrollo a su actividad.
La trampa era clara; revenderlo, como en efecto lo hicieron, a un precio astronómico de nueve millones de dólares, agregó.
Santos admitió que casos como los referidos hay muchos en el país, por lo cual enfatizó en la importancia de un nuevo código minero.
Al respecto, indicó que se trabaja coordinadamente en la elaboración de este código y aseguró que a partir de abril venidero se realizarán consultas previas con las comunidades étnicas.
Según el jefe de Estado, con esta nueva iniciativa se endurecerán los requisitos técnicos y de capacidad económica para quienes estén interesados en un contrato de concesión minera.
Queremos garantizar que esta actividad sea realizada por expertos para ejecutar proyectos tecnificados y en el marco del desarrollo sostenible, apuntó.
También manifestó que dicho código contendrá herramientas para reforzar la protección al medio ambiente y el combate contra la minería ilegal.
Tema este último espinoso, pues los mineros colombianos del sector tradicional se sienten perseguidos por el gobierno Santos.
Así lo sostuvo en recientes declaraciones a Prensa Latina Romero Restrepo, presidente de la Confederación Nacional de Mineros, quien aseguró que la fuerza pública realiza desde hace meses operaciones violentas contra la labor artesanal que desempeñan.
El Estado se ha convertido en el peor enemigo de los mineros tradicionales colombianos, mientras favorece a las grandes multinacionales que vienen a llevarse nuestros recursos, puntualizó.
No solo nos incautan la maquinaria y la incineran, sino que además nos echan de manera violenta y cierran los yacimientos sin darnos ninguna alternativa laboral, agregó.
Puntualizó, que el Estado "no nos considera informales sino ilegales, y este calificativo nos ha traído un sinfin de problemas. Nos ponen al nivel de los narcotraficantes".
El líder gremial advirtió que el objetivo de la política agresiva contra la minería tradicional es entregar millones de hectáreas del territorio nacional a las multinacionales mineras.
En opinión de Restrepo esto cede soberanía, al tiempo que van más de ocho mil contratos de concesión otorgados a esas grandes empresas, en detrimento del sector tradicional.
msl/acl
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